Este encuentro, que tuvo lugar este jueves, se enmarca en la ronda de consultas que esta instancia de Naciones Unidas lleva desarrollando en los últimos meses para dar voz a las propias mujeres con discapacidad y recoger sus principales demandas.

 

La consulta ha contado con la participación de la coordinadora de ONU Mujeres, Purna Sen, y ha estado moderada por la analista política y coordinadora ejecutiva de Acoso Sexual y Discriminación, Rosario Grimá. Además, representantes de organizaciones sociales de Brasil, Argentina, Uruguay, Perú y Panamá han intervenido durante el encuentro.

 

La falta de información sobre los delitos contra la libertad sexual perpetrados contra mujeres con discapacidad es una de las demandas expresadas por la práctica totalidad de las intervinientes. Tal y como se ha explicado durante la reunión, la opacidad de los datos no permite conocer la dimensión de este fenómeno y esto dificulta la puesta en marcha de políticas públicas apropiadas que den respuesta a esta situación.

 

En el caso de España, se realizaron algo más de 15.338 denuncias por delitos contra la libertad sexual sin que las estadísticas oficiales puedan dar cuenta de cuántos de estos delitos fueron perpetrados contra mujeres con discapacidad.

 

Además, se ha abordado la falta de formación de quienes tienen implicación en la detección y abordaje de estas situaciones de violencia, así como la falta de credibilidad que se otorga a la víctima, especialmente cuando ésta tiene una discapacidad intelectual o psicosocial.

 

El acceso a la justicia también ha sido una de las cuestiones analizadas.  En concreto, desde el punto de vista de las víctimas que tienen su capacidad legal modificada y, por otro lado, se ha puesto en evidencia la falta de accesibilidad de la inmensa mayoría de los recursos disponibles para mujeres víctimas de violencia sexual.

 

 

Asimismo, se ha hecho referencia al estudio sobre la percepción social de la violencia sexual (DGVG, 2018), del que se desprende que un 78% de mujeres con discapacidad acreditada igual o superior al 33% opina, como motivo principal, que las mujeres que han sufrido una agresión sexual no denuncian por miedo al agresor frente al 73,7% de mujeres sin discapacidad acreditada.

 

Según esta investigación, el segundo motivo es la vergüenza referido en un 61,4% frente al 57,8% de mujeres sin discapacidad acreditada. Y, por último, el tercer motivo referido, con un 22%, es por miedo a no ser creídas, que le sigue el 17,3% que opina que es por miedo a ser considerada culpable de lo sucedido.

 

En paralelo, se ha hecho hincapié en la necesidad de reconocer que la violencia sexual es un problema estructural que encuentra su fundamento último en la desigualdad de poder de las relaciones de género, por lo que es necesario luchar contra los estereotipos y prejuicios, pero no solo de género, sino también, de discapacidad.

 

A su vez, se ha señalado que “las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia sexual necesitan ser creídas y acompañadas para reparar el daño”. En este sentido, se ha incidido también en la importancia de “deconstruir los mitos y las falsas creencias entorno a su identidad, así como validar su testimonio frente a la denuncia”. Por último, desde ONU Mujeres se ha manifestado la voluntad de seguir realizando estas consultas a lo largo del año.